MORELIA, 6 de mayo.— Policías y unidades de Seguridad Pública fueron retenidos en la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, por familiares de normalistas, según el reporte de la SSP de Michoacán.
Hay tres elementos de la Policía Ministerial y tres del Grupo de Operaciones Especiales en poder de familiares de los estudiantes, así como sus respectivas unidades, según la Secretaría de Gobierno de Michoacán.
Información proporcionada por la SSP indica que los elementos pertenecen a una Base de Operaciones Mixtas y viajaban junto con un vehículo militar, en un primer momento fueron detenidos en la comunidad, pero sólo les quitaron las patrullas. Los policías abordaron el carro militar; sin embargo, metros más adelante, los familiares de los estudiantes indígenas los detuvieron nuevamente y esta vez sí bajaron a los seis policías; a los soldados los dejaron ir sin problemas.
El procurador estatal, Plácido Torres, comentó minutos antes de este hecho, que el último reporte que se tenía era de más de 30 unidades de transporte público y repartidoras de alimentos en poder de los estudiantes de la Normal Indígena de Cherán.
Sin embargo, no quiso detallar si se implementará un operativo para recuperarlas, “pasan de 30 creo, como 30, no podemos hacerlo público... ustedes entienden que se tienen que hacer cosas con cierta reserva”.
Mientras tanto, el secretario de Educación Pública, Jesús Sierra Arias, aseguró que las pláticas con los normalistas continúan en busca de una solución a su demanda de mil 200 plazas automáticas y la reforma a la currícula.
“No tengo nada que decir en ese sentido; es un reclamo que ellos están haciendo... no estoy ni avalándolas (las plazas) ni quitándoles el valor, simplemente estoy diciendo que es un tema que no hemos resuelto y que está pendiente. Con independencia de las capacidades económicas lo que tenemos es una norma federal que es la que está vigente y es la que dijéramos sobre la que ha versado la inconformidad principal de los muchachos.”
Autoridades del municipio de Nahuatzen, de la Secretaría de Gobierno y de Pueblos Indígenas, hasta el cierre de esta edición, dialogaban con los inconformes para tratar de liberar a los seis elementos retenidos.
A los agentes estatales los mantienen detenidos en la comunidad de Turícuaro, vecina de Arantepacua, mismo lugar donde permanecen las más de 30 unidades retenidas por los normalistas de la escuela indígena de Cherán, como medida de presión para que las autoridades de educación acepten otorgar las plazas automáticas que solicitan, así como la no aplicación de la reforma a la currícula de las normales.
Este conflicto, en el cual están involucradas las ocho escuelas normales que hay en Michoacán, ya tiene más de un mes que inició, cuando los estudiantes recrudecieron sus protestas y manifestaciones.
Los alumnos de la normal rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, también han retenido unidades del transporte público y repartidoras de productos, como forma de presión contra las autoridades.
Los inconformes han realizado bloqueos en vías de comunicación, así como la toma de casetas de peaje en autopistas de la entidad.
Iglesia: Gobierno titubea
Para la Arquidiócesis de México, nuestro país no puede declararse como una nación en Estado de derecho si las policías comunitarias surgen ante los “titubeos” del gobierno que no garantiza seguridad a sus ciudadanos.
“En México estamos acostumbrados a crear una falsa imagen de nosotros mismos, a base de frases propagandistas que no corresponden a la realidad”, aseveró.
A través del editorial Estado fuerte y policías comunitarias del semanario católico Desde la fe, advirtió que de no atenderse el problema de inseguridad a tiempo podría generar un caos social, donde no puede existir el diálogo.
“La prudencia, la mesura y el diálogo siempre serán encomiables, pero estas actitudes no pueden ponerse en práctica con quien delinque”, publicó.
El rotativo indicó que ante las actitudes de diversos grupos sociales que alteran el orden público debe haber un posicionamiento: “La ley fue hecha para aplicarse, no para negociarse a costa de los derechos de miles de ciudadanos que ven afectada su vida diaria, seguridad y patrimonio”.
Asimismo, el escrito manifiesta su rechazo a la toma de carreteras, autopistas y la destrucción de inmuebles públicos y privados, ya que en los ciudadanos causa malestar presenciar que las fuerzas del orden, en varios casos, dejan en libertad a quienes delinquen o cometen actos vandálicos.
“Cómo podemos hablar de un Estado de derecho, cuando los más variados grupos de la sociedad alteran el orden público, afectando a millones de ciudadanos en sus derechos básicos al cerrar vías primarias de comunicación, al destruir edificios y bienes públicos, o al secuestrar la producción agrícola de gente que nada tiene qué ver con el crimen organizado”, se cita.
Lamentó la omisión de las autoridades que utilizan siempre un discurso con “declaraciones en el sentido de que ya vivimos en paz, que la violencia va desapareciendo, y que todo está bajo control, pero lo cierto es que las declaraciones no cambian la realidad”.
Por su parte, desde la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera expresó la necesidad de tener una Iglesia católica en constante renovación pues, de lo contrario, “esa Iglesia se pervierte”.
Dijo que los jóvenes son el cambio, ya que “la Iglesia es un ser vivo y continuamente tiene que renovarse” para no regirse bajo los criterios del mundo, sino los de Dios.
“No excluimos a nadie, pero sí queremos dar una preferencia a los jóvenes para que esta Iglesia se rejuvenezca, esta Iglesia se renueve y tenga un presente en medio de la gran comunidad y, sobre todo, para que nuestra Iglesia tenga un futuro.”
El mitrado señaló que la tarea de la Arquidiócesis es regida bajo el impulso de una nueva evangelización, sobre todo la de los jóvenes, por tal motivo “no puede quedarse anclada en el pasado”.
