CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril.- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que permanecerá en el Pacto por México si el gobierno federal cumple con dos condiciones principales: “blindar” de manera fehaciente los programas sociales a fin de que no sean utilizados con fines políticos y sancionar penalmente a los 57 funcionarios públicos que presuntamente operaron a favor del PRI en Veracruz.
El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo que su partido ha actuado con civilidad y honorabilidad en ese acuerdo, lo que no ha sido correspondido, sostuvo, por el gobierno federal y el priismo.
“La Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aprobaron mantener su participación en el Pacto por México, siempre que el gobierno federal demuestre su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la democracia.
“Exigir todas aquellas medidas, previsiones y mesas de diálogo necesarias a fin de que en los 14 procesos electorales de julio de 2013 se blinde a la política social del uso electoral con un adendum al Pacto por México”, agregó
También demandó replantear el Pacto y que éste pueda transitar a un mecanismo de honorabilidad de sus partes firmantes.
“Consideramos que el Pacto debe contener un replanteamiento, tanto en su método de acuerdos y mecanismos permanentes de evaluación como en el procesamiento inmediato de las reformas que coloquen al mismo gobierno federal, al poder del Presidente de la República y de los gobernadores como sujetos esenciales de las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y auténtico combate a la corrupción”, dijo Madero.
El líder panista estuvo estuvo acompañado de liderazgos de su partido, entre ellos Luis Felipe Bravo Mena, Cecilia Romero, Luis Alberto Villarreal, Maximiliano Cortázar, Jorge Ocejo Moreno, Beatriz Zavala y Juan Molinar Horcasitas.
“Actuamos con lealtad a México. Hemos cumplido con honor todos nuestros compromisos y por ello tenemos derecho a exigir que actúen de la misma manera el gobierno y su partido”, agregó Madero.
Quieren compromisos
La diputada federal e integrante del CEN de Acción Nacional Beatriz Zavala Peniche afirmó que “para continuar en el Pacto por México el PAN requiere garantía del gobierno federal de que no habrá retroceso democrático en las próximas elecciones”.
Así, el PAN condicionó su permanencia en el Pacto hasta que se corrobore mediante un mecanismo auditor que los programas sociales del gobierno federal no serán mal utilizados con miras a las elecciones que habrá en 14 estados el 7 de julio.
“Ha sido el PRI y el gobierno federal ante los hechos ocurridos en Veracruz, donde la evidencia es clara, que estaban claramente utilizando los programas sociales en materia electoral, así como la Cruzada contra el Hambre, que es un programa que hasta el momento está más enfocado en cuestiones electorales que en beneficio de todos los mexicanos”, refirió a su vez Madero.
Insistió en que hay reformas pendientes en el país, particularmente en el terreno político y en el tema de democracia electoral.
“Que en dicho mecanismo de concertación política se otorgue la máxima prioridad a la agenda de la reforma política y electoral del país, que resuelva el déficit democrático de nuestro sistema político”, indicó.
Como invitados acudieron Josefina Vázquez Mota y Germán Martínez Cázares.
Respaldo perredista
El presidente en turno del Consejo Rector del Pacto por México y presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, puntualizó que el gobierno federal debe atender las exigencias que el PAN y el perredismo han planteado en los últimos días “porque de lo contrario se saboteará la salud y continuidad del acuerdo”.
Indicó que el PRD saluda la decisión del PAN, por lo que reitera el llamado a que el gobierno se conduzca con legalidad y deje de lado tentaciones facciosas.
“El PRD reitera su exigencia al gobierno federal para que implemente acciones inmediatas y definitivas para garantizar que ningún programa social sea utilizado con fines electorales y se sancione a todos los involucrados en el caso Veracruz”, destacó Zambrano.
Anoche, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo por su parte que no se puede trabajar bajo “chantajes y amenazas”; esto, cuando se le preguntó acerca de las críticas de la oposición acerca del trabajo en la Sedesol de Rosario Robles.
Dijo que el Pacto por México ha ayudado al país en este primer año de gobierno.
Espino prepara denuncia ante la PGR contra Yunes
Manuel Espino Barrientos, ex presidente de Acción Nacional, entró al diferendo que mantiene el PAN con el PRI, pero en apoyo del Revolucionario Institucional, y anunció que demandará por presunto enriquecimiento ilícito a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a una diputación plurinominal en el Congreso de Veracruz.
Espino, quien fue expulsado del PAN hace dos años, anunció que en 15 días interpondrá ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra de Yunes Linares, a quien señala por enriquecimiento ilícito y presunto desvío de recursos cuando estuvo al frente del ISSSTE.
Argumentó que el salario que ha devengado Yunes Linares no le alcanza para ser propietario de departamentos en Miami y en Nueva York o mansiones en Veracruz, ni tampoco para tener, dijo, una red de gasolinerías en el sur de Tamaulipas y en el norte del territorio veracruzano.
“Presentaremos ante la PGR una denuncia en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por el delito de enriquecimiento ilícito, aportando pruebas para determinar que ambos poseen cuantiosas fortunas y propiedades que no se relacionan con los ingresos ni con sus declaraciones patrimoniales”, acusó Espino Barrientos.
Añadió que “la información que poseemos establece que Miguel Ángel Yunes Linares y su familia cuentan con diversos inmuebles en México, Estados Unidos y Europa valuados en más de 30 millones de dólares, que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales”.
Queja ante el IFE
Ayer mismo, el PRD en el IFE presentó una queja contra decenas de funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal, encabezados por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por la presunta utilización de recursos públicos a favor del PRI.
En su queja se solicita que como medida cautelar el IFE ordene la inmediata suspensión del programa “Cruzada contra el Hambre” en esa entidad y verifique comportamientos de funcionarios en Boca del Río.
