CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo.- El sistema penal mexicano debe sufrir cambios estructurales de fondo, para que se privilegie tener el conocimiento y el fundamento para imponer las medidas cautelares, principalmente en las que tienen que ver con la libertad de los detenidos.
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2013 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Centro, llevada a cabo en el municipio de Metepec, Estado de México, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que cualquier cosa que hagamos pueda afectar para mejorar o lesionar la vida, la integridad, la tranquilidad de nosotros mismos, de los ciudadanos que integramos este país.
“Debemos tener muy claro y a la vista, que lo que estamos reformando, que el sistema al que queremos entrar, tiene que ser más eficiente, sí, tiene que ser más ágil, sí, pero fundamentalmente en el fondo pleno de lo que estamos buscando tiene que ser más justo, tiene que garantizarnos la libertad, tiene que garantizarnos el derecho que todo ciudadano tiene a ser inocente hasta que se le pruebe lo contrario.”
Agregó que “se debe tener la plena certeza de que cuando tenemos que utilizar las medidas cautelares, fundamentalmente las que tienen que ver con la libertad, lo estemos haciendo como una excepción y sólo en el caso en que protege un bien superior, y sólo en el caso en que la urgencia de salvar algo, más importante pueda hacer que se lesione esa libertad de un ciudadano, y ése es el propósito de modificar nuestro sistema penal”.
Dijo que es necesaria una buena coordinación entre Procuradurías, porque las fronteras muy claras que tenemos para la delimitación de nuestras facultades, tiene ya límites muy difíciles de definir, muy difíciles de precisar.
Acompañado de los procuradores del Distrito Federal y del Estado de México, entre otros, Murillo Karam compartió con sus pares estatales, que la función de la justicia es la garantía de un ciudadano.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal propuso una serie de acciones con el fin de homologar los procesos de investigación, así como los códigos penales de los estados pertenecientes a la zona centro del país, en lo relacionado con crímenes por razón de género.
Rodolfo Ríos, procurador capitalino, propuso la formalización de convenios de colaboración para la puesta en marcha del sistema Caramex y a fin de estandarizar los protocolos para la investigación de personas desaparecidas, ausentes y en la investigación de violación y feminicidio.
Pugnó por la creación de un sistema de intercambio y consultas de información en relación con personas desaparecidas y ausentes. Además pidió la homologación de los tipos penales relativos a los delitos de violación y feminicidio u homicidio en razón de género, así como sus diversas modalidades.
En presencia de los procuradores generales de Justicia del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Guerrero, Ríos Garza planteó la promoción de la inclusión de la figura de feminicidio en los códigos penales de las entidades federativas.
